En este sentido debe apelarse a la responsabilidad ética y social de los medios de comunicación en el tratamiento de esta crisis. Por ello, el ENACOM considera oportuno formular algunas recomendaciones en virtud de promover buenas prácticas en el abordaje de la temática. Los desafíos de la comunicación ante un caso de emergencia de salud pública son: – Tener en cuenta que la desinformación y el miedo colectivo constituyen factores tan peligrosos como la misma enfermedad. – Emitir información veraz y oportuna, realizando un chequeo de las fuentes antes de dar a conocer cifras de enfermos, falta de suministros, síntomas y formas de prevención, entre otros. – La información debe apuntar siempre a mantener informada a la audiencia de manera correcta y objetiva, evitando generar sensacionalismo, dando a conocer aspectos preventivos y emitiendo los comunicados oficiales al respecto. – En el caso de los noticieros y programas informativos es necesario que la audiencia pueda distinguir entre la información en “vivo” y la que proviene de archivo o de material ya emitido, a fin de evitar la confusión. De acuerdo con la Resolución 1478/13, es obligación conocer la
temporalidad de los contenidos que se emiten. – Evitar que el suministro de las noticias conlleve a situaciones de estigmatización o discriminación por nacionalidad, origen étnico o social, etario, como de género o de cualquier tipo. – Acreditar debidamente la idoneidad y competencia profesional de los invitados que recomienden o brinden información como profesionales en materia de salud. Recordar la obligación de incluir los datos de la matrícula profesional de los intervinientes, en los términos de la Ley 25.926 de temas relacionados con la salud. – La utilización de zócalos y placas deben corresponderse con la información y las imágenes que se emiten al momento de la utilización del recurso gráfico, a fin de evitar una lectura incorrecta de los temas que se tratan o inducir a conclusiones falsas o erróneas por parte del público. – Observar y citar la información oficial suministrada por los organismos públicos responsables. En este caso en materia de protocolos y recomendaciones elaborados por el Ministerio de Salud o las respectivas autoridades según corresponda.