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Agosto 2009

El noticiero Telenueve al Amanecer presentó un informe con una mirada discriminatoria hacia los grupos sociales que viven en villas de emergencia.

El siguiente informe del Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión surge con motivo del informe emitido en el noticiero Telenueve al amanecer el 23 de julio de 2009, entre las 8.55 y las 8:58  en tanto el mismo podría contener conceptos discriminatorios hacia determinados grupos sociales.

Descripción del segmento

Romina Lachmann (R) y Jorge Pizarro (J) desde el estudio presentan la noticia titulada: RANCHOS: ¿UNA CIUDAD CONVERTIDA EN COUNTRY? -graph a pie de pantalla con la inscripción del título-.

J: A una hora y media de auto, uno sale desde el obelisco,  uno llega a Ranchos. Un muy pintoresco lugar en la provincia de Buenos Aires donde los vecinos le han planteado al intendente su hartazgo por la cantidad de delitos. Muchas de las personas que se veían afectadas por los delitos, atacadas por los delincuentes, confesaban que eran delincuentes que no eran del lugar ¿Qué hizo el intendente? Mandó una idea al Consejo Deliberante con el respaldo de toda la comunidad. La idea, para algunos polémica, para otros una solución, es prácticamente transformar en una especie de country al pueblo de ranchos ¿Por qué digo esto? El pueblo está a la puerta de la ruta 29, excepto ese camino, las otras cuatro rutas que rodean Ranchos el intendente las cerró y puso dos puestos importantes de seguridad. A todo el que llega de afuera para entrar le toman el número de patente y además colocó estratégicamente una cantidad, no dicha por razones de seguridad, de cámaras de video que hace que toda la ciudad esté monitoreada.  Para algunos es muy polémica porque convirtió a Ranchos en una especie de ghetto, de ciudad privada, de country. Para otros una manera de defenderse de los delincuentes que llegan de afuera.

R: Bueno, yo te lo voy a comparar con otra ciudad. Esta queda en Entre Ríos se llama Federación vive netamente del turismo termal, es una ciudad nueva que fue trasladada luego de la construcción de una represa, allí en la provincia de Entre Ríos.  Tiene una sola entrada y una sola salida. La inseguridad es cero, la delincuencia es cero. Justamente por este tema, porque dentro de lo que es Federación no hay asentamientos, no hay villas, es toda gente de trabajo que trabaja justamente por y para el turismo. Como hay una sola entrada y una sola salida prácticamente la delincuencia no se ha asentado en ese lugar.

J: Al intendente de Ranchos le preguntaron, Romina, para saber hasta dónde llegaba esto, sí se transformaba Ranchos en un ghetto. El dijo: “no, yo le estoy dando a la comunidad lo que me están pidiendo, resguardarlos del delito”.  Entonces le dijeron, “pero dígame por portación de cara, es decir, si alguien llega con los pelos duros o morochos ¿a ese le van a prohibir entrar?”. “No, me dijo, porque ésta es una zona en la que mucha gente trabaja en el campo, o sea, está curtida por el sol, por el viento, por las inclemencias del tiempo. Acá somos todos morochos, lo que pasa es que somos morochos de trabajo y entre nosotros nos conocemos. Cuando llegue alguien de afuera para vivir de otra manera que sea distinta a la de trabajar o ganarse el dinero dignamente, a ese vamos a ir a buscar”.  Después de esta idea, la cantidad de robos, o sea la idea fue sometida y se aprobó en el Consejo Deliberante y va a ser implementada en los próximos días… pero con la sola aprobación de la medida se redujeron casi en un 80% la cantidad de robos rateros, es decir, arrebatos, robos de estéreos o robo a vivienda. Con sólo el anuncio de la medida, en Ranchos.

(*) con letra negrita se señalan los dichos a analizar.

Análisis

El segmento del noticiero de la jornada registrada presenta un informe sobre la ciudad de Ranchos en el que lo novedoso sería su transformación en un “country” con el objetivo de disminuir la numerosa cantidad de hechos delictivos. La nota muestra “lo que se constituye como solución y lo polémico” de la medida. De algún modo se trataría de escuchar “las dos campanas”.

Continuando con el informe, la periodista Romina Lachmann compara dicho caso con el de Federación, una ciudad de Entre Rios, en la que no habría inseguridad ya que según sus palabras: “no hay asentamientos, no hay villas, es toda gente de trabajo que trabaja justamente por y para el turismo. Como hay una sola entrada y una sola salida prácticamente la delincuencia no se ha asentado en ese lugar”.

A partir de este discurso se observa que la periodista maneja la idea de que el enemigo está afuera, de que se puede construir una comunidad perfecta con los semejantes, lejos de los que quedan afuera del círculo trazado por la frontera. Su visión de los asentamientos y de las villas está asociada directamente a la acción de robar. En este sentido es pertinente realizar una breve introducción de la historia de las villas en Buenos Aires.

A lo largo del siglo XX, distintas corrientes migratorias (internas y externas) modificaron la fisonomia de la ciudad, multiplicándose asentamientos que en principio iban a ser transitorios o de emergencia, pero que con los años se hicieron permanentes. Así surgió una nueva categoría social: el villero y con ella formas culturales e identidades socio-políticas propias.

Rosana Guber (1)  señala que el villero es una figura social a la que se suele caracterizar por su anomia (carencia de reglas y de moral; por su apatía, escasa preocupación por su progreso material y espiritual y por el porvenir de sus hijos). En el imaginario social es visto como  sucio, promiscuo e indigente, se abandona a la vida fácil y se dedica al robo; si trabaja, lo hace para satisfacer las necesidades diarias o para pagar algunos vicios. Esos rasgos supuestamente se explicarían por incultura, ignorancia y desconocimiento de las normas de urbanidad o bien por su inocencia provinciana, apego a tradiciones rurales que obstaculizan su camino hacia la integración cultural, hacia una movilidad socioeconómica considerada adecuada y completa, de condiciones sanitarias aceptables, de estabilidad habitacional y laboral, de seguridad social, etc.

Ahora bien, el “villero” tiene las mismas expectativas que el resto de la población urbana en lo que concierne a sus necesidades de salud, vivienda, educación, trabajo, urbanización, etc. Sin embargo, debe enfrentarse a limitaciones que obstaculizan su acceso a distintos recursos, y por ende, a la concreción de dichas expectativas. La presunta inmoralidad de estos grupos es una imagen naturalizada en la sociedad que se transmite primordialmente desde los medios de comunicación que asocian directamente los códigos de la villa a la delincuencia, a través de discursos discriminatorios que auspician mecanismos de segregación y aislamiento hacia ciertos grupos sociales que generalmente son los más postergados de la sociedad argentina. Se trata de valoraciones que engendran un principio de violencia simbólica que se alimenta del odio y el rechazo hacia la “otredad” y en ocasiones, tan naturalizado están los estereotipos del “villero” que ellos mismos se reconocen en esta caracterización.

Asimismo, y en términos más generales, Maristella Svampa refiere a un proceso de polarización social que se intensifica en los ’90 a partir del cual se registra “una fuerte segregación por parte de las clases populares, que sufren un proceso de descolectivización y se multiplican así las villas miserias y los asentamientos. La segregación también tiene como protagonistas a las clases medias altas y las clases medias en ascenso. Es un doble proceso de segregación que aparece ilustrado de manera paradigmática en el Conurbano bonaerense. El fenómeno de los countries hay que analizarlo en varios niveles. Es un momento en que el Estado hace una inflexión importante, ya que no provee los servicios fundamentales, como el derecho a la educación o a la seguridad, y plantea la gestión privada de estas cuestiones” (2).

Aunque el caso presentado en este noticiero introduciría un aspecto novedoso, en tanto el Estado, a través del intendente y del Consejo Deliberante se estaría haciendo cargo de las demandas de su población, aunque esas demandas sean específicamente de seguridad, olvidando que ya en los countries hubo robos y aún asesinatos (casos Belsunce, Dalmasso, etc).

Continuando con el análisis, Jorge Pizarro, no sólo no desmiente o complejiza las expresiones de su compañera, sino que a través de sus palabras se vehiculiza otro mecanismo discriminatorio, cuando apela a la pregunta por “portación de cara”. Señala “si alguien llega con los pelos duros o morochos ¿a ese le van a prohibir entrar?” asignando desde el sentido común esos rasgos a la delincuencia. Luego, a través de las supuestas palabras del intendente (3), la discriminación no estaría dada por el color de piel sino por la pertenencia o no al lugar de residencia: “No, me dijo –en referencia a la prohibición de ingreso portación de cara- porque ésta es una zona en la que mucha gente trabaja en el campo, o sea, está curtida por el sol, por el viento, por las inclemencias del tiempo. Acá somos todos morochos, lo que pasa es que somos morochos de trabajo y entre nosotros nos conocemos. Cuando llegue alguien de afuera para vivir de otra manera que sea distinta a la de trabajar o ganarse el dinero dignamente, a ese vamos a ir a buscar”.

De modo que la nota de distintas formas criminaliza al foráneo, pero no a cualquiera (no se mencionan posibles delincuentes rubios) sino a aquellos que reúnen determinadas características físicas –morochos de  y costumbres –no trabajadores-.  Esta caracterización sin dudas es un estereotipo, en tanto caricatura de los grupos que “tienden a empobrecer y desfigurar la realidad de acuerdo con los criterios del ‘nosotros’. Asimismo, la base de la discriminación suele encontrarse casi siempre en los estereotipos porque son creencias, ideas y sentimientos negativos o positivos hacia ciertas personas pertenecientes a un grupo determinado. Así, cuando se realiza una valoración negativa de un grupo en base al estereotipo, el resultado es el prejuicio y cuando los prejuicios llevan a una persona a actuar de un modo determinado respecto al grupo o individuo prejuzgado, el resultado es la discriminación. En este caso es no permitir que alguien de afuera entre, o peor aún, suponer que el que no entraría es quien tuviera determinadas características físicas.

En este sentido, el Plan Nacional contra la Discriminación sostiene que “a nivel individual, la vieja tradición periodística visibiliza a los pobres y/o excluidos sólo en la sección policiales, alimentando la imagen discriminadora pobre-delincuente-marginal-peligroso. Cada vez con mayor frecuencia ese estereotipo se liga a niñez-adolescencia, en una preocupante asimilación a lo sospechoso y amenazante. Con mucha menor presencia aparecen en la sección de información general –ligados a pedidos de solidaridad por una operación costosa o a necesidades de cualquier tipo en una situación difícil (una familia en la calle, ancianos desamparados, etc.)– en otro estereotipo: el de “los pobrecitos” que hay que ayudar porque solos nunca pueden/saben salir de su condición. Las causas estructurales de los problemas económicos y sociales pocas veces contextualizan las notas, de modo tal que la “culpabilización de la víctima” es ya una connotación implícita. A nivel colectivo, suelen también aparecer en representaciones amenazadoras del “orden público” –en este caso en la sección de política nacional– emergiendo como noticia cuando cortan rutas, queman gomas, saltan vallas, interrumpen el tránsito, agreden policías, etc.” (4).

Los dichos de los/as periodistas reproducirían formas de racismo en esta caracterización estereotipada ya que, las descripciones que hacen referencia a rasgos fenotípicos desvalorizándolas, reproducen una forma de jerarquización y estratificación social.

Este tipo de discurso refuerza, como sostiene el Plan Nacional contra la Discriminación, la relación entre racismo y pobreza plasmadas desde las matrices configurativas del país: indígenas, “cabecitas negras” (la manera en la que las clases dominantes clasificaron a las mayorías mestizas y migrantes latinoamericanos/as) (5) . Así, las referencias fenotípicas relacionadas con una supuesta situación de inseguridad configurarían un discurso discriminatorio. En este marco, la reproducción de estereotipos constituiría una reproducción de una estética racista en la que la llamada “portación de cara” es suficiente para considerar sospechoso/a a un sujeto.

En relación a esto, el artículo primero de la Ley 23.592 de Penalización de Actos Discriminatorios establece: “Quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional, será obligado, a pedido del damnificado, a dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización y a reparar el daño moral y material ocasionados. A los efectos del presente artículo se considerarán particularmente los actos u omisiones discriminatorios determinados por motivos tales como raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos.”

El segmento informativo descripto estigmatiza y asocia a las personas que portan determinados rasgos o viven en determinados lugares con el prototipo de persona peligrosa. Esa asociación directa vulnera los derechos y garantías constitucionales de dichos grupos. Por el contrario, los medios masivos de comunicación deberían comunicar mensajes alejados de cualquier práctica discriminatoria puesto que transmiten valores, modelos y opiniones.

Por lo tanto, el Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión sostiene que las expresiones mencionadas en el segmento periodístico analizado de Telenueve -al Amanecer- colaboran con la naturalización de un estigma respecto a determinados sectores como victimarios de la falta de seguridad que sin dudas existe en la actual coyuntura social, pero por otras múltiples causas.

Recomendaciones finales

1) Evitar los abordajes que plantean «las dos campanas del problema» y ponen en igualdad de posición los prejuicios y enunciados discriminatorios con los no discriminatorios. Este tipo de tratamiento periodístico desconoce que no se pueden considerar las aseveraciones a favor de la discriminación y exclusión y los enunciados antidiscriminatorios como argumentos igualmente válidos y atendibles para la deliberación de una opinión pública democrática. Los abordajes sobre temas discriminatorios se deben contextualizar siempre en los debates sobre el acceso a derechos humanos y no presentarlos como meros «intercambios de opiniones». Tanto la supuesta objetividad como la teoría de las dos campanas sostienen y legitiman, ideológicamente, la desigualdad de clase, la criminalización y la represión de los individuos y colectivos involucrados.

2) En la medida en que los estereotipos son usados para afirmar la aparente «regularidad» de una situación, hay que tener presente que limitan a los sujetos a un espectro restringido de actuaciones o acciones o profesiones que luego se naturalizan como «lo real».

3) Evitar las presentaciones naturalizadas de las identidades de géneros, étnicas, clase, religiosas, nacionales, de orientaciones y prácticas sexuales no normativas, etc. Estas naturalizaciones no sólo invisibilizan, sino que impiden la discusión colectiva sobre las condiciones en las que estas identidades se producen (por ejemplo, condiciones de pobreza, explotación, persecución, exclusión social, étnica, de género etc.). Sugerimos evitar caracterizaciones y «perfiles» que impliquen una naturalización del prejuicio, la burla y/o el insulto, o la exposición de los conflictos como nota de color o pintoresquismo.

4) Considerar las designaciones discriminatorias como tales, señalarlas críticamente contra el carácter extendido y naturalizado de su uso cotidiano.

5) Consultar con los movimientos antidiscriminatorios y antirrepresivos o con los colectivos involucrados cuando se informa sobre historias, experiencias o situaciones relacionadas con personas pertenecientes a esos colectivos. La inclusión de estas voces no sólo colabora con la riqueza y la complejidad de la información (es habitual que en el periodismo contemporáneo se consideren como «expertos» a los activistas de los distintos movimientos políticos) sino que permite situar la creciente supremacía que tienen los agentes de gobierno (ministerios, secretarías de estado, etc.), empresas y corporaciones en la producción de opinión pública, como legitimación de modos de autoridad y hegemonía.

6) No desconocer ni descuidar aspectos sociales, culturales y políticos más amplios en la cobertura de las historias personales, para evitar las presentaciones naturalizadas de las identidades de géneros, étnicas, clase, religiosas, nacionales, de orientaciones y prácticas sexuales no normativas, etc. Estas naturalizaciones no sólo invisibilizan sino que impiden la discusión colectiva sobre las condiciones en las que estas identidades se producen (por ejemplo, condiciones de pobreza, explotación, persecución, exclusión social, étnica, de género etc.). Sugerimos evitar caracterizaciones y «perfiles» que impliquen una naturalización del prejuicio, la burla y/o el insulto, o la exposición de los conflictos como nota de color o pintoresquismo.

Notas

1 Guber, R: «Identidad Social Villera» En Constructores de otredad. Una introducción a la antropología social y cultural. Boivin, Rosato, Arribas, Buenos Aires, 2004.
2 Svampa, Maristella: “En el country se rompió el ideal de seguridad absoluta” Entrevista de Gabriela Vulcano en diario Perfil, 03/03/07.
3 Cabe señalar que no hay imágenes, ni audio del intendente y que de esta manera resulta imposible comprobar la veracidad de la fuente.
4 PNcD p. 189
5 Idem, p. 49