El 4 de enero se celebra el Día Mundial del Braille, con el propósito de concientizar a la población acerca de la importancia de la inclusión de este lenguaje en la realización de los derechos de las personas ciegas y con deficiencia visual.
Desde el año 2019, en esta fecha establecida por la Organización de las Naciones Unidas, se celebra el Día Mundial del Braille, que tiene como objetivo crear mayor conciencia sobre la importancia del braille como medio de comunicación.
Al respecto, el artículo 2 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece: “La comunicación incluirá los lenguajes, la visualización de textos, el Braille, la comunicación táctil, los macrotipos, los dispositivos multimedia de fácil acceso, así como el lenguaje escrito, los sistemas auditivos, el lenguaje sencillo, los medios de voz digitalizada y otros modos, medios y formatos aumentativos o alternativos de comunicación, incluida la tecnología de la información y las comunicaciones de fácil acceso”.
En nuestro país, la Ley 26.378 tiene como espíritu ratificar lo expresado en la Convención y su protocolo facultativo, y determina el compromiso del Estado de llevar a cabo diversas políticas que incluyan a las personas con discapacidades. De esta manera, la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, en su artículo 66 referido a la accesibilidad de los contenidos, dispone: “Las emisiones de televisión abierta, la señal local de producción propia en los sistemas por suscripción y los programas informativos, educativos, culturales y de interés general de producción nacional, deben incorporar medios de comunicación visual adicional en el que se utilice subtitulado oculto (closed caption), lenguaje de señas y audio descripción, para la recepción por personas con discapacidades sensoriales, adultos mayores y otras personas que puedan tener dificultades para acceder a los contenidos”.
Hoy más que nunca, desde el Observatorio de la Discriminación en Radio y TV reafirmamos nuestro compromiso de velar por el cumplimiento de la normativa vigente, para garantizar los derechos de todas y todos a través de estrategias que conlleven a una comunicación más inclusiva.